Estado Autonómico

Para comprender la actual situación de las Comunidades Autónomas hay que remontarse al momento de su gestación: la transición a la democracia. La transición pretendía sustituir el centralismo histórico que había marcado la organización española desde la llegada de los Borbones a España hasta la caída del franquismo por un estado de las autonomías en menor o mayor grado.

A pesar de lo que pueda pensarse, la CE de 1978 no crea las Comunidades Autónomas, ni establece su número ni concreta su forma de organización ni competencias, tan solo formula los procesos que deberían darse para constituir instituciones de autogobierno. La constitución se muestra tan difusa porque en el momento de su aprobación había que contar con el máximo consenso posible, sentando una base de mínimos de la que partir para alcanzar el acuerdo con los nacionalistas y a la vez que la norma no marcase claramente la disolución del estado centralista para que Alianza Popular y sectores de UCD diesen su apoyo al texto.

Los primeros pasos autonómicos que se dan son preconstitucionales y comienza con la aprobación de 14 preautonomías. La primera en establecerse en preautonomía es Cataluña tras reivindicar su condición de autonomía durante la II República. Suárez le concede la presidencia de la Generalitat a Tarradellas para evitar así que ERC pudiera posicionar un candidato propio que pudiera comenzar el debate soberanista. En el País Vasco, al no haber una referencia de liderazgo tan clara el gobierno decide que sean los diputados por el País Vasco los que elijan a su presidente. De esta manera, Suárez pensaba que resolvía el problema autonomista pues estas dos eran las únicas regiones con motivaciones descentralizadoras. Sin embargo, tras estas dos concesiones proliferaron las peticiones de autonomía por parte de otras regiones. El gobierno sopesa las opciones y considera que, lo mejor para el futuro sería extender por igual los derechos autonómicos para así frenar las aspiraciones de Cataluña y País Vasco y todas las regiones estuviesen al mismo nivel, por lo que se suman otras doce comunidades durante 1978 y hasta la aprobación de la CE. Estas preautonomías tenían una muy escasa dotación, pero desde el principio contaron con una Asamblea (formada por los diputados y senadores de las cortes por cada región), un presidente y su equipo de gobierno. Después, entre 1979 y 1983 se sumarían La Rioja, Madrid y Cantabria al club autonómico.

Tras la primera fase preautonómica iniciada por motivos históricos vino la impulsada a través del marco constitucional y con motivos técnicos y administrativos pues se apuesta por la cercanía de los servicios al usuario y eso solo era posible con la gestión autonómica. Así, partiendo de los artículos 143 y 151 de la CE las distintas autonomías iban adquiriendo competencias, ya fueran de gestión (el estado central regula y la autonomía gestiona la competencia) o de legislación (la autonomía elabora sus propias normas y las desarrolla). Esta segunda fase dota de competencias a los órganos de gobierno que se habían instaurado en los primeros años de la democracia (1977-83) pero dejando de lado de momento las dos grandes materias: sanidad y educación. Además la dotación de recursos para sufragar las competencias recibidas es escasa y en los años ochenta es común la presentación de recursos de inconstitucionalidad entre las CCAA y el Gobierno.

En los últimos años de gobierno de Felipe González el mapa político autonómico cambia, el Partido Popular logra victorias en algunas comunidades y hace frente común con País Vasco y Cataluña para iniciar una tercera fase de extensión competencial que tendrá su punto culminante durante la primera legislatura de Aznar. En 1996 el PP vence en las elecciones generales pero no obtiene mayoría absoluta, por lo que se vale de los apoyos del PNV y CiU para gobernar. Sin embargo, estos apoyos tuvieron un precio: se cedieron un gran número de competencias (la gestión total de la educación, aunque sometida a unos parámetros dados desde La Moncloa y la sanidad con el cierre definitivo del INSALUD) a las comunidades (nuevamente no se limitó a Cataluña y País Vasco para no generar grandes desequilibrios). Para financiar estas dos políticas las CCAA exigieron un aumento de sus ingresos y el gobierno popular les concedió la gestión de casi el 40% de los ingresos fiscales (que pasarían a casi el 50% con el gobierno de Zapatero) cerrando así la fase de mayor descentralización de la historia de España.

Durante la etapa socialista del 2004 al 2011 apenas se produjeron cambios competenciales, sin embargo, la actual crisis económica reveló un grave problema de gestión autonómica, siendo estas uno de los grandes causantes del déficit público actual. Este “agujero” no es debido a un exceso de competencias o una mala financiación (que, eso sí, es mejorable), sino a unas políticas clientelares por parte de los gobiernos autonómicos. El engrosamiento de las administraciones autonómicas y los grandes gastos de autobombo son producidos por la burocratización de los partidos políticos gobernantes (principalmente PP, PSOE y CiU que ven en el aparato una forma de colocar a sus militantes a la vez que ofrecen puestos de trabajo y aseguran la reelección) y políticas públicas fatuas, levantando grandes edificaciones, organizando exposiciones, ferias mundiales y celebraciones deportivas de escaso rendimiento económico. La mala praxis de los gobernantes autonómicos y la actual crisis económica llevan a que ahora se abra el debate constitucional en torno al estado de las autonomías y se hagan escuchar con más fuerza si cabe los sentimientos nacionalistas. En este debate hay varios lados; el centralista, hoy día liderados por UPyD, el soberanista (CiU, ERC, PNV, Bildu), el autonomista (PP) y el federalista (PSOE, IU).

Analizando cada postura se observa, primero, que la propuesta de UPyD está desfasada, una recentralización supondría unos gastos de partida inasumibles para el país además un aumento de la crispación territorial que no solucionarían el problema independentista. En el lado opuesto, los independentistas, obviamente, esta no es una opción buena para España, puesto que dejaría de existir como tal. Por lo cual no creo que sea este el espacio apropiado para debatir a quien perjudicaría más y la dejo de lado como posibilidad de mejora. En el medio de estas dos medidas estaría la visión autonomista, la del PP, que parece que de momento es la de dejar todo como está, puesto que a lo largo de los años han expandido sus redes institucionales y es muy difícil renunciar a cuotas de poder territorial (esta es la causa de que no recurran a la recentralización, como si propone UPyD) El PP ya está institucionalizado mientras que la formación de Rosa Díez no, e ir a una vía de más autogestión (que no autogobierno) va en contra de su línea programática, por lo que dejar pasar el tiempo se ve positivamente. Y por último, el federalismo, que ahora se pide desde el PSOE e IU, sin embargo, no proponen nada concreto. Esto es a causa de que, técnicamente, la única diferencia entre un estado federal y España es el nombre y que el senado no cumple la función territorial que si tiene el Bundesrat (el senado alemán).

De estas cuatro opciones y a la vista del origen real de los problemas territoriales de España, considero que el federalismo, por lo que significa nominalmente, podría acabar con las reivindicaciones históricas de algunas regiones, pero, siempre y cuando, se les otorgase vía constitucional las competencias reales que tendrá cada estado federal y como se financiará (gran error de la constitución del 78 no marcar esto, como se dijo en las primeras líneas) y se les diese voz en un senado útil territorialmente. Si desecho el estado autonómico es simplemente por el nombre, pero creo que se podría configurar con los elementos necesarios para que fuese eficaz, puesto que una reforma del senado y de las competencias que fije la constitución es perfectamente posible si existe voluntad política, que, desgraciadamente, es lo que falta en estos momentos.

¿En la calle o en los parlamentos?

Para esta nueva actualización dejo un video de un acto de mi facultad en el que participaron, entre otros, Alberto Garzón (Diputado IU por Málaga), Tania Sánchez (Diputada Asamblea de Madrid de IU), Pablo Iglesias (Coordinador de campaña de IU y profesor de la UCM) y Juan Carlos Monedero (Profesor de UCM).

Espero que lo disfrutéis.

Sistema Electoral de EE.UU.

Con motivo de las pasadas elecciones en Estados Unidos hago esta breve descripción sobre el sistema electoral estadounidense que tiene como elementos clave la circunscripción, el método indirecto de la elección y la fórmula de reparto.

El primero de los puntos, el de la circunscripción, es el más parecido en forma al sistema electoral español. Aquí la circunscripción es la provincia (50 en total) y allí los estados (50) más el Distrito de Columbia. Sin embargo, la legislación que regula el voto no es común para toda la nación, cada estado en virtud de su autonomía fija los requisitos para votar, siendo en común la edad para votar y la no discriminación. Así cada estado establece registros previos más o menos exigentes (únicamente tienen derecho a voto todos aquellos estadounidenses que se han registrado previamente) con varias semanas de antelación o exige diferentes tipos de documentación a la hora de identificarse para votar (en EE.UU. no usan "DNI"). Además, cada estado escoge cuando comenzar las votaciones de manera que hay estados que permiten el voto varios días antes para evitar aglomeraciones o facilitar la participación para aquellos que no pueden ir a votar el día de la elección. Otros en cambio han exigido unos trámites burocráticos densos que han dificultado las posibilidades del voto. Se ha dado esto en estados de gobernador republicano, donde se han endurecido los requisitos durante el verano, mientras que en los estados demócratas estas iniciativas han sido rechazadas.

La circunscripción es el estado y se denomina como colegio electoral. Esto es así debido a que la elección de presidente es indirecta, colegiada. Del resultado del colegio electoral salen elegidos los electores, delegados que escogen al presidente en asamblea, por lo que el votante no vota directamente al presidente como en el sistema francés sino que escoge a unos representantes que posteriormente eligen al presidente. Curiosamente este método de elección no nos es tan lejano ya que fue el escogido durante la II República Española, donde el presidente no era elegido por el parlamento sino en elecciones presidenciales a través de colegios electorales.

El número de electores que tiene cada colegio electoral se corresponde con los congresistas de cada estado en las dos cámaras legislativas federales (Senado y Cámara de Representantes) y estos varían en función de la población. De esta manera, el estado más poblado, California, dispone de 55 electores (2 senadores y 53 representantes) y los menos poblados, como Wyoming o Montana tan sólo tienen 3 (2+1). El criterio por el que se otorgan los electores también varía en función de cada estado. Debido a la autonomía legislativa antes mencionada, cada estado establece la fórmula de reparto del colegio electoral. Actualmente la forma más extendida es la mayoritaria uninominal. Esta fórmula fomenta el bipartidismo y el "voto útil" debido a que se otorgan todos los electores del colegio a aquel partido con más votos en el estado, tirando a la basura los votos obtenidos por las formaciones perdedoras. Al no seguir criterios proporcionales es igual de valiosa una victoria por un voto que por cientos de miles. Ejemplo de ello es que es más valiosa la victoria en Florida de Bush en el año 2000 por 500 votos que le dieron 29 electores clave, que los dos millones de ventaja que ha obtenido Obama frente a Romney en el estado de California. Esta circunstancia hace que se hable al finalizar  las elecciones de voto electoral, que marca quien ha vencido en las elecciones, y el voto popular, que sirve para analizar el grado de división del país. En estas pasadas elecciones la diferencia ha sido de tres millones, dos de ellos en California, lo que refleja que exceptuando en ese estado la sociedad americana está bastante polarizada. Hay dos excepciones al modelo mayoritario uninominal y es que en Maine y en Nebraska se utiliza una fórmula proporcional mayoritaria que es algo más representativa, aunque por el escaso número de electores que se ponen en juego se pierde este efecto.

Por todas estas circunstancias y en un país con más de 120 millones de posibles votantes, las campañas electorales termina siendo una batalla limitada a un puñado de estados, los swing states, que son aquellos donde más ajustados son los resultados según los sondeos y dentro de estos estados principalmente en los que ponen en juego mayor cantidad de electores. En estas pasadas elecciones New Hampshire era un swing state con sólo 4 electores en juego, mientras que Florida, el estado más disputado en las últimas elecciones otorgaba 29 electores por lo que las estrategias de campaña se centraron más en Florida que en New Hampshire.

Finalmente, ninguno de los estados donde se iba a plantear batalla fue determinante y la victoria de Obama fue más holgada de lo que se esperaba en los sondeos, venciendo en algunos que el Partido Republicano debería haber ganado si realmente quería tener opciones, como Colorado o Wisconsin.

Y para terminar, hablar sobre el día de la celebración de las elecciones, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Estados Unidos es un país de reciente creación y con escasa historia por lo que se ha tratado desde sus orígenes crear tradiciones que afiancen la unidad nacional y una de ellas es esta. Se celebran siempre las elecciones en noviembre porque en el Siglo XIX la sociedad norteamericana era muy rural y marcaba de manera clara la política estadounidense. Para que pudiese votar el sector rural se determinó que fuesen en noviembre, pues es el mes posterior a la cosecha y de entre los meses anteriores a la siembra es el más benigno climáticamente, ya que en diciembre la nieve y la lluvia anegaban los caminos del país. Se planteó la posibilidad de realizarse en domingo, pero el profundo sentimiento religioso de la nueva nación exigía inactividad en el día del señor. A esto se añade que por aquel entonces los colegios electorales eran escasos y Estados Unidos un país con mucho territorio, así que la gente no llegaba en un sólo día hasta el lugar de la votación, por lo que tenían que salir con un día de antelación y este no podía ser el domingo, así que partían en lunes. Y por último, otra vez por motivos religiosos, el día 1 de noviembre es una festividad cristiana de duelo por lo que no era compatible con una votación. Todo esto ha sido mantenido y ya es parte de la cultura popular estadounidense y, aunque el resto de elecciones del país pueden celebrarse en otras épocas del año, por lo general se sigue la tradición.

La crisis que viene

Artículo publicado en el nº 2 de http://kaiserkratos.com/

No se vislumbra todavía luz al final del túnel y ya comienzan a esbozarse los factores de la próxima piedra de toque de la economía española. Políticos y autoridades europeas compiten por la reducción del déficit que exigen los mercados, dejando de lado el crecimiento cuando comienza a asomar por el horizonte una palabra maldita para todos los analistas económicos: estanflación.

La estanflación es la suma de los dos grandes males de una economía, el estancamiento o recesión del PIB y una inflación elevada. ¿Se dan esas condiciones en España? La economía creció un 0.7% en el año 2011 y se saldó con más de cinco millones de parados, el 23.2% de la población activa. Las previsiones no son mejores, recientemente, la patronal pronosticaba una tasa varias décimas por encima del 25%, lo que supone más de seis millones de desempleados y las cifras de "crecimiento" que pronostican entidades internacionales son igualmente pesimistas: el FMI prevé una contracción del 1.8% para este año y niveles cercanos al 0 en 2013.

Con estos datos macroeconómicos el estancamiento es evidente, para generar empleo a niveles considerables y conseguir reducir la tasa de desempleo es necesario que una economía crezca por encima del 2%. En los pronósticos que se realizan sobre España ese dato no aparece hasta 2014 o 2015, siempre y cuando la política de recortes cesase y se comenzase a aplicar políticas activas de empleo, lo que de momento no entra en los planes de los dirigentes europeos.

Con el estancamiento económico en marcha, hay que observar los datos de inflación para ver si estamos cerca de la temida estanflación. La inflación interanual en agosto de 2012 fue del 2.7%. Comparado con países en desarrollo o que padecen ciclos inflacionistas es muy baja (Venezuela tuvo un 18% en el mismo periodo), pero para el contexto de la eurozona son datos preocupantes, puesto que la principal función del BCE es que la inflación sea siempre lo más cercana posible al 2%

La previsión es que la inflación siga subiendo paulatinamente debido al aumento de los precios de los carburantes por la tensión en las principales zonas productoras y distintos medios especializados españoles consideran que no será un grave problema.

Sin embargo, un análisis detallado de todos los factores que alteran la inflación reflejan que el riesgo inflacionista es mayor de lo que apuntan las previsiones.

La inflación se ve modificada por distintos factores exógenos, como puede ser el aumento de los precios del petróleo. Estos parece que van a seguir en aumento, más si cabe si finalmente Mitt Romney se convierte en el nuevo presidente de los EE.UU. puesto que ya ha avisado el Partido Republicano sobre una posible intervención en Irán, lo que supondría un alza significativa por la tensión que se generaría en Oriente Medio.

Otro factor vital a la hora de prever el aumento de la inflación es la cotización del Euro. Cuanto mayor sea su valor respecto a las principales monedas más baratas serán las importaciones y al contrario, una depreciación del Euro supone comprar productos extranjeros a precios más caros. Es ilógico por parte de los analistas pensar que crecerán las exportaciones por la devaluación de la moneda única y que no van a aumentar los costes de la importación de petróleo, material industrial y químico por esa misma causa.

La última de las causas exógenas la trae el BCE, si sigue inundando de liquidez la economía con sus compras de bonos en el mercado secundario, la inflación seguirá apuntando hacia arriba, mientras que el problema de las primas de riesgo no se solventará pues los inversores ya no observan los datos de déficit si no las posibilidades de crecimiento de los países intervenidos o en vías de rescate.

El último de los eslabones de la inflación es interno; son las subidas de impuestos. La subida del IVA, el céntimo verde, el céntimo sanitario, el impuesto a la energía nuclear, la subida del tabaco y del alcohol forman un paquete que termina por aumentar los precios de la luz, el gas y la cesta de la compra. Con esto el panorama de la inflación se antoja preocupante, pudiéndose instalar en el 3% con riesgo de escalada.

Las opciones, si observamos los manuales son pocas, intentar solucionar el problema del paro aumentando la liquidez y bajando los tipos de interés aumentaría la inflación y, en caso de lograr su objetivo, el mismo crecimiento económico, al ajustarse los sueldos al IPC, genera a su vez más inflación. Si miras el otro lado de la balanza, contener la inflación cerrando el grifo del dinero ahondaría en la recesión de una economía ya de por si hundida. Es el eterno dilema de la manta corta, o te cubres la cabeza, o te cubres las piernas, pero no ambas a la vez.

Veremos en los próximos meses que deciden los dirigentes europeos, si incluyen en su agenda de recortes impulsar el crecimiento o, como supongo, contener la inflación.